El petardo explotó: la censura de Internet en México
Salvador Medina @ayudamemalverde
La gente no prestó atención a las señales. Los escritos en las paredes. Creían que las iniciativas por las que unos pocos lucharon y pusieron a la luz, estaban lejos de ellos. Años de advertencias, de peligros, se manifestaron cercanas y de repente, todos prestaron atención.
La Ley de Telecomunicaciones presentada este año en nuestro país no tiene nada que deba sorprendernos. Durante años, diversos países han buscado establecer un estándar para definir lo que se puede hacer en internet, un medio que nació como democratizador y que hoy es simplemente una herramienta económica.
CISPA, o Cyber Intelligence Sharing and Protection Act (Acta de Protección y Distribución de Ciber Inteligencia), permitiría que corporaciones compartan voluntariamente la información privada de usuarios con el gobierno en el caso de un ciberataque. ¿El gran problema? CISPA invalidaría las leyes actuales de privacidad permitiendo que corporaciones compartan la información privada de cualquier usuario con el gobierno.
Ya había dicho en su momento la a Electronic Frontier Foundation (EFF o Fundación Fronteras Electrónicas) que “CISPA está escrita suficientemente ambigua para permitir que nuestros proveedores de comunicación compartan correos electrónicos y mensajes de texto con el gobierno, o la compañía de respaldo en línea puede compartir nuestros archivos guardados”.
Los antecedentes de SOPA (Stop Online Piracy Act o Acta para Detener la Piratería en Línea), ACTA (Acuerdo Comercial Anti-falsificación o Anti-Counterfeiting Trade Agreement) y PIPA (Protect IP ACT), eran ya señales de lo que se venía.
Después, llegaron Chelsea Manning y Edward Snowden para sacar todavía más a la luz: los gobiernos no necesitan de legislación para espiar y vulnerar las libertades de sus ciudadanos. Lo harán sin importar las consecuencias. Por ello, las iniciativas en México no deben sorprender. Debíamos estar preparados.
El artículo 197 de la llamada Ley Telecom dice que las compañías que presten servicio de comunicación deberán “bloquear, inhibir o anular de manera temporal las señales de telecomunicaciones en eventos y lugares críticos para la seguridad pública y nacional a solicitud de las autoridades competentes”.
Dice María Elena Ramos en VICE que se faculta a los concesionaros a bajar el switch a internet y a los servicios de telecomunicaciones en áreas determinadas, discrecionalmente, por una autoridad. “Con ello, se podría impedir la labor periodística, la documentación de violaciones a derechos humanos e incluso la utilización de servicios de emergencia durante manifestaciones públicas”.
Pero, otra vez, no es nada nuevo. Los gobiernos del mundo, de Oriente y Occidente, han querido desde hace años legislar internet a su conveniencia. Primero con el pretexto de detener el libre intercambio de material sujeto a derechos de autor y después, con el objetivo de monitorear y prevenir actividades terroristas. Pero es tal el vacío legal, que las acciones que podrían entrar en este rubro son múltiples.
No es algo menor que Estados Unidos haya retirado el término “Neutralidad de Internet” de las negociaciones por una gobernanza global del medio durante Net Mundial, un encuentro global realizado este mes en Brasil donde se habló sobre el futuro de la red.
Todas las iniciativas, nacidas en el seno estadounidense, han sido similares. En este espacio, habíamos escrito al respecto en los textos “El fin de internet como lo conocemos”, “terrorismo en 140 caracteres”, “Yo, espía”, “El periodismo no es terrorismo”, “Internet como herramienta de espionaje” y otros tantos más. Y la conclusión tras diversos análisis es que los ciudadanos que consideran de la Ley Telecom un ataque contra sus libertades y derechos humanos, deben buscar un poderoso aliado: las compañías de telecomunicación.
Google, Facebook, Wikipedia y posteriormente compañías proveedoras de Internet, han logrado detener iniciativas al solidarizarse con sus usuarios. Además, es claro que responden a un sistema de libre mercado: al final, los consumidores decidirán continuar con un servicio que les entregue lo que buscan.
La Ley Telecom es un eslabón más en el continuo esfuerzo por parte de los gobiernos del mundo de censuran un medio que otorga una fuerza descomunal a la gente. Su aprobación o no, depende de los consensos que los ciudadanos libres del país pueden lograr a través de él.
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