El periodismo no es terrorismo
Salvador Medina
salvador@elhablador.com.mx
Los últimos años han sido un reto para el periodismo libre en el mundo. El sexenio de Felipe Calderón fue particularmente duro para México si consideramos que se convirtió en el país más peligrosos del mundo para ejercer la profesión. La administración de Enrique Peña Nieto heredó el terrible déficit de 72 periodistas asesinados y 14 desaparecidos.
En otros países, sin embargo, el ataque ha venido de otro frente: el gobierno. Y es que si bien en Estados Unidos no ha habido violencia contra periodistas, sí han existido ataques abiertos contra el ejercicio de la libertad de expresión.
Todo se puede rastrear en un principio al escándalo que significaron los escándalos de WikiLeaks. Auto catalogada como una organización internacional sin fines de lucro que publica información secreta, documentos filtrados e información clasificada de fuentes anónimas, su gran golpe mediático llegó en 2010 cuando apoyados por el ahora convicto soldado y analista Bradley Manning (o Chelsea Manning como quiere ser llamada ahora), dieron a conocer miles de comunicados que relataban crímenes de guerra, tortura, abuso, soldados riéndose mientras mataban civiles.
El gobierno estadounidense no se tomó el asunto a la ligera y ha perseguido desde entonces al fundador del sitio, Julian Assange, por cualquier medio posible. Además, Manning fue sentenciada a 35 años de prisión por sus filtraciones.
Desde entonces, el paradigma del periodismo y la libertad de expresión han cambiado. Gobiernos se han coordinado a nivel global para perseguir a periodistas que “pongan en peligro” la seguridad nacional de las naciones. Barack Obama, un demócrata progresista en discurso, ha luchado abiertamente por un mayor control de la información.
Es claro ahora que esfuerzos como ACTA (Acuerdo Comercial Anti-falsificación o Anti-Counterfeiting Trade Agreement), PIPA (Protect IP ACT) y SOPA (Acta para Detener la Piratería en Línea o Stop Online Piracy Act) eran pretextos para legislar a favor de tener la completa libertad de espiar a ciudadanos ordinarios en sus actividades diarias.
Decenas de periodistas y medios han denunciado estos actos y se han manifestado a favor de la libertad de expresión y en contra de las intervenciones del gobierno. Sin embargo, las violaciones a los derechos humanos han sido constantes y han provocado un mayor debate ante las constantes revelaciones sobre espionaje e intervención.
Recientemente, Edward Snowden, el analista de información para la CIA y la Agencia de Seguridad Nacional (NSA), fue víctima de una persecución similar tras sus revelaciones al periódico The Guardian. Y es que lo que ocultaba el gobierno estadounidense no era algo menor: PRISM, el programa de espionaje en internet llevado a cabo por el gobierno estadounidense tiene lugar desde 2007, obligaba a compañías como Google a entregar información sobre sus usuarios.
El presidente Barack Obama ha respondido con severidad: Snowden huyó del país y Estados Unidos ha solicitado a Rusia que lo entregue para ser juzgado y ha llegado a tal extremo que ha debido asegurar que no aplicará la pena de muerte al ciudadano estadounidense.
Varios otros ejemplos muestran el alcance del gobierno de Obama. El más reciente refiere a la detención injustificada de David Miranda, el compañero sentimental del periodista Glenn Greenwald, quien estuvo detrás de la publicación de los documentos clasificados de Snowden.
Miranda estaba por abordar un avión a Río de Janeiro cuando fue detenido e interrogado por autoridades británicas en Londres. Utilizando legislación que refiere exclusivamente a actos terroristas, Miranda fue cuestionado sobre las actividades de su pareja y posteriormente despojado de su computadora, teléfono celular, cámara, memorias externas, DVDs y consolas de juego.
El periódico The Guardian señaló en un comunicado que estaban consternados “que la pareja de un periodista nuestro que ha estado escribiendo sobre servicios de seguridad fue detenido por casi nueve horas mientras pasaba por el aeropuerto Heathrow”. Por ello, buscaron una aclaración del gobierno británico quien violó abiertamente las leyes para intimidar a alguien.
Greenwald señaló como consecuencia que sería todavía más duro con sus investigaciones. Y es que pese a que la Casa Blanca señaló no se había involucrado en la decisión de cuestionar a Miranda, es fácil conectar los puntos.
Ya en julio, el gobierno de Yemen liberó al periodista Abdulelah Haider Shaye, encarcelado en 2010 y que, pese a haber recibido anteriormente el perdón presidencial, presiones directas de Barack Obama evitaron el fin de su arresto.
Las críticas han llegado por todos los frentes. Jeff Jarvis, periodista estadounidense, escribió en The Guardian que en una democracia, la secrecía no es la base de la autoridad; es la base de las dictaduras.
Cuestionó a Obama preguntándose si “éste es el legado que quiere dejar: el jefe del ejecutivo que ha pisoteado derechos, destruido la privacidad, arruinado la confianza, y peor aún, no ha defendido sino que ha ignorado tantos principios fundamentales en los que el país está fundado”.
Es por ello que una de las comunicadoras más importantes de Estados Unidos, Rachel Maddow, alzó la voz con un claro grito de batalla: el periodismo no es terrorismo. Refiriéndose a la detención de Miranda, Maddow señala que el periodismo puede ser un elemento molesto y algo aterrador para la gente en el poder pero reportar sobre los secretos de un país no es terrorismo.
“El terrorismo no es un término que puede aplicarse a todo lo que el gobierno no gusta que hagas… Sé que nuestro gobierno no está contento por las acciones realizadas por Laura Poitras (cineasta norteamericana que ha documentado la guerra de Irak y el espionaje de la NSA), Greenwald y sus reportes sobre las labores de inteligencia, pero si Estados Unidos quiere demostrar que los Greenwald y Poitras del mundo no tienen razón, es una mala estrategia arrestarlos y a sus familias para que el público no piense que toda su información es exacta”.
No sólo eso, sino que la misma labor periodística corre peligro cuando la verdad es un enemigo del Estado. Los gobiernos no deberían atacar a personas que buscan revelar lo que la cúpula del poder busca ocultar. Ejercicios periodísticas como los de Greenwald y Poitras, así como los actos de Snowden y Manning, son un recordatorio sobre el poder de los ciudadanos. Por ello, deben ser reconocidos y protegidos, no atacados globalmente.
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